fbpx

Colombia, uno de los países más diversos del mundo y América Latina, garantizó en su carta magna (1991) la participación política de las minorías. No obstante, casi treinta años después, estas comunidades siguen sin verse representadas.

Al hablar de minorías pensamos en las comunidades indígenas, pero el término implica mayor amplitud, en general, de acuerdo con Juana Nope autora del artículo Un país diverso en el que las minorías aún no participan, hace referencia a “quienes no son parte de la mayoría”, es decir, a un grupo de personas “cuya opinión o posición política es diferente a la de la mayor parte de la sociedad”.

Por ello, hablar de minorías va más allá de las etnias, es también hablar de diversidad sexual, de grupos religiosos y posiciones políticas, pertenecer a una de ellas no excluye la intersección con otras. Con respecto a las minorías étnicas se incluyen en Colombia tres grupos: comunidades indígenas, población Rom y los llamados NARP o negros, afroamericanos, raciales y palenques.

Dentro de las minorías sexuales están todas las personas que tiene una expresión diversa de la sexualidad, diferente a la heterosexualidad, es decir, los miembros de la comunidad LGBTIQA+. Políticamente hablando, minoría son los partidos políticos que no ocupan la mayoría de los puestos en el Senado, entre ellos se encuentran Alianza Verde, Mira, FARC, Polo Democrático y Lista de la Decencia.

Las estadísticas y censos del país no son suficientemente confiables para determinar que tantos de los aproximadamente cincuenta millones de colombianos pertenecen, principalmente, a las minorías étnicas, sexuales y religiosas. Juana Nope señala que el estimado es de al menos el 15% de la población, es decir, casi ocho millones de ciudadanos, cuyas voces no se escuchan en la toma de decisiones.

Esto debido a que, por un lado, su representación en la opinión pública, medios de comunicación y el proceso político es mínima. Por el otro lado, porque su participación es nula en comparación con el otro 85% de la población, así sus necesidades, problemáticas y luchas particulares no logran hallar eco entre la masa. Las comunidades que, por su riqueza cultural y su aporte intrínseco a la diversidad, deberían ser especialmente atendidas y protegidas por el Estado, se ven afectadas por multiplicidad de situaciones que se vuelven invisibles ante el influjo de la mayoría.

La dificultad para conseguir votos o hacer lobby para detener proyectos que les afecten o, al contrario, para promover proyectos positivos, hace que las minorías no sean tomadas en cuenta en los procesos de decisión política y económica, aislándolas, afectándolas y vulnerando su derecho constitucional a ser parte de dicho proceso y decisiones. Nadie sabe mejor que los indígenas, los Rom, los NARP o los miembros de la comunidad LGBTIQA+ lo que las minorías necesitan, de manera que difícilmente un ciudadano que no pertenezca a ninguno de estos grupos puede representarlos legítimamente.

La Constitución Política de 1991 que pretendía ser la más equitativa posible con los colombianos, prevé una serie de mecanismos para la protección de nuestra diversidad cultural y las figuras necesarias para que todos encontremos representación en el estado y gobierno del país. Para saber más sobre la relación entre las minorías y la participación los invitamos a leer el artículo de Juana Nope, publicado en el número 858 sobre Política para las nuevas generaciones.