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Posiciones opuestas se enfrentan ante la posibilidad de realizar proyectos que utilizan la fracturación hidráulica de rocas para extraer más hidrocarburos en el país. Análisis de expertos de diversas disciplinas, así como las experiencias en otros países, son los argumentos con los que debaten parte y parte.

Ana María Ocampo Cuesta *

Aunque esta palabra se ha popularizado sobre todo en los últimos años, esta técnica tiene más de medio siglo de historia. Expertos de un lado del debate destacan el hecho de que prolonga la vida útil de los yacimientos de hidrocarburos y aumentan los ingresos económicos de los lugares donde se aplica. Por otra parte, expertos y defensores del medio ambiente hacen un llamado de urgencia por los efectos negativos que pueden tener estas prácticas sobre los ecosistemas y las comunidades de estas zonas.

En Colombia, recientemente, el Gobierno Nacional ha reabierto este debate al proponer un nuevo proyecto de decreto en el que se autoriza la realización de algunas pruebas piloto de investigación integral (PPII) de fracking en el territorio nacional. El tema no es nuevo en la agenda pública ni política. De hecho, desde el 2014 se vienen adelantando procesos de investigación, diálogos entre diferentes miembros del sector en el país, asesorías con expertos nacionales e internacionales, hasta procesos legales para frenar o dar vía libre a estos proyectos. Como resultado de esto, en el mes de abril del año 2019, la Comisión de Expertos interdisciplinaria e independiente convocada por el Gobierno Nacional presentó el resultado de su trabajo sobre los efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal.

Entre las conclusiones se hace especial énfasis en la necesidad de que los proyectos, de ser aprobados, cumplan con todos los estándares y requisitos nacionales e internacionales de transparencia y acceso a la información pública en todo el proceso. Así mismo, los expertos insisten en el fortalecimiento de las instituciones y de los mecanismos propios del sector para asegurar que los impactos ambientales, sociales y económicos sean los mínimos posibles. También propusieron mecanismos para gestionar lo que describen como “Licencia social”, y que se refiere a una mayor participación de la sociedad civil en el seguimiento de estos proyectos. Unido a esto describieron como fundamental generar nuevos esquemas de participación comunitaria en las discusiones generadas alrededor del tema. Y, por último, le propusieron al Gobierno establecer una serie de límites estrictos sobre el uso de estas técnicas con el fin de mantener alineado el proyecto de desarrollo del país con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la protección de las áreas más vulnerables del territorio.

En resumen, la Comisión le recomendó al Gobierno Nacional realizar una serie de pruebas controladas y vigiladas para conocer, más allá de las proyecciones y de los modelos existentes, el verdadero costo-beneficio para el país del uso de esta técnica. Si bien el informe no se traduce directamente en una decisión jurídica ni legal, los resultados son un valioso insumo para que los tomadores de decisiones puedan hacerlo de la mejor manera. Así, el tema sigue en la mesa y las discusiones todavía no se han cerrado. El pasado 16 de enero, y como parte de la “gran conversación nacional” convocada por el Gobierno del Presidente Iván Duque desde el año pasado, la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Diego Molano, realizaron una primera reunión alrededor de este tema y de las posibilidades que se presentan para el futuro más cercano.

Las protestas ciudadanas no se han detenido, y el Gobierno, a través de sus voceros, ha insistido en mantener el diálogo alrededor de este tema y de la política de transición energética. Lo único que se tiene como seguro es que aún no se han tomado decisiones definitivas sobre el uso del fracking en Colombia, y que las discusiones deben mantenerse.

Desde Revista Javeriana hemos querido profundizar un poco más en este tema, para lo cual consultamos con un experto internacional quien conoce sobre la técnica y su utilización. Con más de 14 años de experiencia en el sector de los hidrocarburos, y con trabajos en Colombia, Argentina y Arabia Saudita, donde se encuentra actualmente, Wilington Durán Cantillo, supervisor de operaciones para PFMS (Pressure & Fluid Management Systems) nos comparte una mirada desde la experiencia.

Revista Javeriana (R.J.): La palabra fracking se utiliza cada vez con más frecuencia, pero ¿realmente qué significa?

Wilington Durán Cantillo (W.D.C.): El fracking es un método que utiliza la industria petrolera con el fin de fisurar de manera hidráulica las formaciones que tienen poca permeabilidad e impiden que fluya el gas o el petróleo hacia la superficie. Se usa agua a presión con el fin de generar unas fisuras mínimas pero prolongadas en la formación rocosa que no estaba fisurada para permitir que fluya todo el hidrocarburo hacia la superficie.

R.J.: ¿Qué pasa con el agua que se utiliza?

W.D.C.: El tema que se está debatiendo es justamente qué pasa con los fluidos y con los sólidos que se generan producto de ese trabajo hidráulico que se hizo, porque se utiliza mucha agua a presión combinada con algunos aditivos químicos para ayudar a la permeabilidad, ayudar a abrir la formación rocosa, evitar que se cierre. También se utiliza arena justamente para evitar que las fisuras que se abrieron se vayan a cerrar. Cuando todos esos fluidos retornan a la superficie tienen que ser tratados, por supuesto. No se pueden liberar ni al medio ambiente ni al subsuelo, ni irrigar directamente. Tienen que ser tratados para poder utilizarlos nuevamente, ya sea en otros procesos de fracking o inyectarlos a pozos que ya estaban produciendo algún hidrocarburo para ayudarlos a fluir.

R.J.: Esta técnica no es nueva y de hecho se utiliza en otros países. ¿Cómo ha sido la experiencia en el resto del mundo?

W.D.C.: Esta técnica viene desde finales de los años 40 del Siglo XX. Antes se utilizaba dinamita para romper la formación rocosa, pero la fisura hidráulica, usar el agua a presión, empezó en los años 40, 50. La experiencia la tiene, sobre todo, Estados Unidos que ha sido el líder en el uso de esta técnica. Con eso ha logrado aumentar su producción petrolera de manera considerable. También se utiliza en países como Argentina y Arabia, donde estoy actualmente trabajando. Se utiliza para extraer el gas o el petróleo que ya no puede salir de manera convencional, que no es fácil extraer. En Argentina se ha utilizado desde los años 50 y ha sido productivo. Desde la parte ambiental, no se han reportado muchos efectos negativos. Donde se ha comentado que ha habido problemas ambientales básicamente ha sido por fallas en el manejo de los residuos, por errores en la aplicación de la técnica. La técnica de fisura hidráulica tiene la posibilidad de ser manejada de manera correcta, que sea algo seguro para las personas y para el medio ambiente.

R.J.: Hablando de las personas, ¿cómo ve la relación con las comunidades que viven cerca de estos pozos?

W.D.C.: Hay varias cosas. Para el fracking se necesitan muchos equipos, generadores de energía, carrotanques que traen y sacan fluidos y todo esto genera contaminación ambiental en forma de ruido, emisión de gases, etcétera. Pero, en mi concepto esto no tiene un impacto muy alto o que se genere un daño en exceso nocivo. Lo otro es el manejo de los fluidos que salen después del proceso. Esto, en especial, tiene que estar muy bien legislado y Colombia tiene que hacerlo de manera propia, mirar sus particularidades internas en la parte ambiental y geológica de cada región. Se tiene que poner en cintura a las empresas petroleras para que cumplan con la normatividad y así evitar que esos impactos negativos se den. Si el manejo del agua residual que sale desde los pozos es adecuado, se cumple la normatividad y se tienen todos los cuidados en la disposición y el tratamiento, no creo que vaya a pasar nada. También se habla mucho sobre la parte sísmica, porque se ha documentado que esas microfracturas generan alguna sismicidad no muy alta, entre 1 y 3 grados en la escala de Richter. Sin embargo, aún no es totalmente comprobable que se pueda atribuir exclusivamente al fracking, pero tendrá que estudiarse y evaluarse para mirar si realmente se van a generar esos impactos y así mismo definir una normatividad para que se puedan evitar todos los daños ambientales en las regiones.

R.J.: En Colombia se está planteando la posibilidad de hacer unas pruebas piloto. ¿Cómo funcionan y qué información se obtiene de ellas?

W.D.C.: Para realizar pruebas piloto primero se tienen que seleccionar unas áreas donde no hay muchas personas cerca, o zonas que se puedan afectar fácilmente. Ahí se hace el fracking como tal, pero se evalúa paso a paso qué ocurre en cada paso del proceso. Cuando se aplica la fractura, la presión, se evalúa sísmicamente qué pasa. Cuando se extrae el fluido se evalúa el manejo que se hace. Es un seguimiento muy detallado de todas las acciones y sus efectos. Con base en eso se va a tener un diagnóstico de si realmente tenemos la capacidad para manejar, para aplicar esta tecnología sin que afecte de manera negativa el medio ambiente y la sociedad. Para eso tiene que estar el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía muy encima de todo este trabajo, así como la academia, expertos que tienen injerencia en este sector de los hidrocarburos, los expertos en el tema medioambiental también. Pero sobre todo deben estar las comunidades para que ellas puedan ver de primera mano y corroborar que es o no seguro.

R.J.: El debate lleva ya tiempo en el país y hay posiciones de todos los lados. ¿Será posible encontrar un consenso al respecto?

W.D.C.: Se tendrá que llegar a algún acuerdo eventualmente y será posible en la medida que Colombia depende en cierta medida de los ingresos petroleros para su PIB. Casi el 9 % de nuestro PIB pertenece al sector petrolero, nuestros ingresos corrientes de la Nación en un 25 % son del petróleo, y la generación de empleo y empresa alrededor del petróleo es muy grande. Entonces, tendrá que haber un acuerdo con las comunidades, con las empresas, con los empresarios, con los trabajadores, si queremos seguir teniendo esa posibilidad de generar ingresos a partir del petróleo. Sustituirlos de manera fácil y rápida, no va a ser posible por ahora, pues son muy altos y no hay ningún sector que podrá suplir en los próximos 5 o 10 años esa rentabilidad o esos ingresos que genera el petróleo. Tendrá que haber un acuerdo, pero siempre pensando en que se proteja, sobre todo, el medio ambiente y la sociedad. Se debe buscar que no se generen impactos negativos, pero a la vez se tiene que asegurar que esos recursos que están los podamos explotar para que generen riqueza para nuestra Nación.