Los índices de corrupción en el país siguen en aumento y las autoridades buscan mecanismos más efectivos para hacerle frente. Pero sin la participación y el compromiso ciudadano y de actores privados, no se puede resolver efectivamente este problema.

María Paula Díaz Castro*

En el más reciente informe del Índice de la Percepción de la Corrupción, hecho por la ONG de la Transparencia Internacional, se muestra que el fenómeno de la corrupción no se restringe a una sola región, sino que es una problemática global que se ha venido intensificando en estos años. Como resultado el informe muestra que Nicaragua y Venezuela son los países más corruptos de América Latina, mientras que Chile y Uruguay son en los que menos está presente este problema. Como factores que han intensificado a la corrupción están el giro que algunos gobiernos han tomado hacia el populismo y/o totalitarismo y la pérdida de los derechos políticos que esto implica, el discurso que emplean, que puede estar permeado por el lenguaje xenófobo, el debilitamiento de las entidades estatales y el bloqueo de la difusión de los medios de comunicación que son críticos con esos gobiernos.

No obstante también es importante resaltar los esfuerzos que han hecho algunos países por combatir a la corrupción, como la promoción y fortalecimiento de los sistemas de veeduría y control en las contrataciones, la expansión de la difusión de los medios de comunicación, de manera que la información llegue hasta las zonas más apartadas, hasta las poblaciones más vulnerables; todo esto le permite a las personas ser conscientes de la situación en la que viven y el tipo de poder que se ejerce sobre ellos.

Para ahondar más en el tema, la Revista Javeriana habló con Andrés Hernández Montes un experto en el tema que durante varios años trabajó en la Secretaría de Transparencia en Berlín, como Coordinador Regional para las Américas y que actualmente es el Director Ejecutivo de la Corporación de la Transparencia por Colombia. Él nos explicó que la corrupción es definida por esa corporación como “un abuso de poder o de confianza por parte de un actor, para obtener beneficios particulares en detrimento de los intereses colectivos”, fenómeno que pone en riesgo la legitimidad y confianza que los ciudadanos depositan en el Estado, lo que a su vez implica una dificultad para la ejecución y emprendimiento de proyectos enfocados en formar una comunidad sostenible en los países.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

La responsabilidad es de todos

La responsabilidad de los actos corruptos no recae solamente en quien participan directamente en ella, sino también en quien ven que se están cometiendo y no dicen nada, lo que los hace cómplices y participantes indirectos de esa acción. Por eso es que desde la Organización de la Transparencia por Colombia, se han implementado mecanismos de fortalecimiento de la prevención y participación ciudadana, para la detección temprana de esos hechos, acciones que permiten frenar a los procesos de corrupción, además de proveer más información sobre ellos.

Lo que podemos hacer como ciudadanos

Para que este mecanismo funcione en su plenitud, los ciudadanos debemos asumir una actitud crítica frente a la corrupción, lo que implica estar constantemente informados, abrir canales de diálogo con las entidades que imputen las sanciones necesarias sobre los actos corruptos, para que así puedan evidenciarse cambios reales y sustanciales. Hernández manifestó que los ciudadanos colombianos ya contamos con una ley que ampara a esa praxis, esta es la Ley 1714 de 2014, conocida como la Ley de la Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. La incidencia de la sociedad civil entra, además de en el proceso de veeduría, en el análisis de la información recolectada. Estas acciones ciudadanas son importantísimas, pues nutren y participan en los debates públicos y generan una mayor conciencia colectiva; sin embargo Andrés Hernández dice que “para lograr cambios reales y encontrar soluciones efectivas no podemos descuidar la institucionalidad”, ya que a pesar de la corrupción que asedia a Colombia, el país cuenta con instituciones sólidas que pueden ser valiosas aliadas en la lucha contra este fenómeno, para que también desde ellas se prevengan estos hechos lamentables y para que no se propaguen dentro de las mismas.

Los sectores más afectados

De acuerdo con cifras públicas, entre enero de 2016 y julio de 2018 se reportaron 327 hechos de corrupción entre los que se vieron involucrados cerca de $ 17,9 billones de pesos, lo que equivale a “la mitad del presupuesto de inversión del gobierno nacional en el sector educativo durante el 2018”. Una cifra, que aunque surge de un estimado a partir de la información disponible y reportada por la prensa nacional, afecta directamente al desarrollo de planes y proyectos de alcance nacional, además de ser una violación a los derechos sociales en el territorio nacional. Estas cifras también muestran que el sector de la salud, la educación y la infraestructura son los más afectados, sobre todo en los departamentos de Santander, Antioquia, Atlántico, Bolívar y el Valle del Cauca. Andrés Hernández dijo que también el sector de las empresas privadas se ha visto afectado por la corrupción, pues hay varios casos de desviación y uso indebido de los recursos. Por esto la Organización de Transparencia por Colombia tiene una línea de trabajo enfocada en este sector para así “generar un cambio en la cultura ciudadana, desde el escenario de las empresas, para que estos hechos no sean normalizados”.

Los esfuerzos que ya están en práctica

Hernández argumenta que “la agenda anticorrupción que se ha fortalecido en los últimos meses en el país es muy interesante, porque nos ha acercado el tema a la cotidianidad y nos está demostrando que el problema es de todos, no de un solo gobierno”, además de que “el trabajo de las autoridades debe ser más fuerte para castigar efectivamente estos hechos, pues la impunidad genera más condiciones para que sigan sucediendo”. De esta manera se concluye que para que Colombia avance como país en todos los ámbitos y sectores, es necesario un trabajo en conjunto entre la ciudadanía, que debe seguir cambiando hacia una actitud crítica y consciente de su realidad, y las instituciones estatales, así como con las empresas privadas.

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*María Paula Díaz Castro es estudiante de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella adaptó la entrevista realizada a Andrés Hernández para su publicación en la web.