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El pasado 27 de julio el presidente sancionó una nueva ley que establece las disposiciones para la prestación del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso. ¿Qué significará esta noticia para los niños y jóvenes que deben recorrer largos y complicados trayectos para llegar a sus lugares de estudio?

Aura Patricia Benedetti González*

¿Recuerdas cómo llegabas al colegio? ¿Utilizabas transporte motorizado o no motorizado? ¿Servicio público o particular? Creería que no necesitamos gozar de la mejor memoria para recordarlo, pues las vivencias que atesoramos en esas idas y venidas desde el colegio hasta la casa y viceversa fueron lo suficientemente fuertes para lograr espacios de diálogo, de discusión y para tejer amistades entre los estudiantes, que de verdad lo hacen inolvidable.

Lo que a veces sí es olvidable es que hay una población a la que no le agrada mucho la idea de ir hasta el colegio, para la que ir a estudiar es un martirio y no precisamente porque se les dificulten las clases, sino porque lo que se les dificulta es la llegada al colegio. Se trata de muchos de los niños, niñas y adolescentes rurales, que viven a diario el drama de residir lejos de su institución educativa.

– ¡Mami, estoy cansado de ir al colegio!

– ¡El colegio me gusta, pero el recorrido al colegio no!

– ¡Me gusta que llueva porque así no tengo que caminar hasta el colegio!

Son expresiones muy comunes en lugares apartados y no tan apartados de nuestra geografía nacional, donde los niños tienen que encontrarse con todo tipo de obstáculos para llegar a las aulas: largas caminatas, atravesar ríos, arroyos, recorrer trayectos a lomo de un burro, pasar por potreros exponiéndose con animales peligrosos, atravesar vías nacionales de alto flujo vehicular y un sinfín de situaciones que propician la deserción escolar y el bajo rendimiento académico.

El transporte es calidad de vida, y el tiempo que tardamos en llegar a los lugares de estudio o trabajo es una forma de medirlo. El transporte siempre ha estado ligado a la educación, de hecho, los primeros mercaderes de la historia no sólo transportaban mercancías, también transportaban su alfabeto. Es por ello, que la combinación transporte – educación no puede ser mirada con extrañeza y mucho menos abordada de forma separada.

Bajo tales antecedentes y haciendo honor a los cambios tecnológicos que tenemos hoy en día, como medios de transportes de avanzada, trenes de alta velocidad y túneles que surcan las montañas, el ideal debería ser que tuviéramos vías de acceso que permitieran la contratación de buses escolares como se hace en la gran mayoría de municipios del país. Pero no siempre se puede esperar a tener el ideal para poder actuar, y urge suplir una necesidad apremiante de los niños rurales de Colombia: garantizar el transporte escolar, atendiendo a las realidades de cada región. Es así, como en 2018, es radicado el proyecto de ley: “Por el cual se dictan disposiciones especiales para la prestación del servicio de transporte escolar en zonas de difícil acceso”, una iniciativa de la Representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Goebertus, la cual, a pesar de buscar la mejoría de las condiciones de transporte escolar rural se enfrentó con riesgos en su continuidad en diferentes etapas en ambas cámaras. Pese a ello, ya es Ley[1], siendo sancionada por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, el pasado 27 de julio.

Con esta Ley se busca asegurar condiciones reales de transporte a través de la declaración de zonas de difícil acceso, lo que permitiría la contratación de transporte escolar por parte de las entidades territoriales, atendiendo los modos de transporte que se adaptan a esos territorios, tales como: jeeps, pangas, lanchas, bicicletas o burros, cumpliendo condiciones básicas de seguridad e implicando con ello que medios de transportes motorizados y no motorizados puedan llegar a ser contratados.

En nuestro país, la normatividad para la prestación del servicio público terrestre automotor especial dedicado al transporte escolar es bastante estricta, exigiéndose condiciones que garanticen la seguridad, comodidad y calidad mediante la utilización de vehículos apropiados. Pero, con esta naciente Ley, el legislador está abriendo la puerta para que se contrate no sólo transporte no motorizado, sino también la puerta a la flexibilización de los seguros con los cuales operarán los medios de transporte motorizados y no motorizados.

Ahora bien, todo hasta  aquí parece bonito, pero esta Ley se seguirá enfrentando muy seguramente con dificultades en su implementación. ¿Qué nos garantiza que  alcaldes y gobernadores se quieran “exponer” a su aplicación? ¿Y si consideran que es mejor seguir como estamos, y  evitar con esta nueva Ley tener que pasar informes bimensuales a los órganos de control, y esperar que estos conceptúen semestralmente al respecto, como ha quedado establecido? ¿Será que los docentes y directivos docentes que todos los años hacen pancartas y exigen a principio de año la contratación de transporte escolar no están un poco cansados y se sienten hasta burlados al respecto? ¿Habría que legislar sobre cada nuevo modo de transporte aprobado para el transporte escolar mediante esta Ley? ¿Y si consideran que es dar un paso al vacío?

Exponerse a siniestros viales es una probabilidad y realidad latente en el transporte, siendo esta una actividad catalogada como peligrosa por nuestro ordenamiento jurídico. Al Gobierno Nacional le asiste el desafío de reglamentar los requisitos, condiciones, amparos y cuantías, en lo atinente a los seguros, lo cual ha de ser otorgado por entidades aseguradoras, cooperativas de seguros y compañías de seguros, establecidas legalmente[2]. Pero, además, el Gobierno debe establecer las directrices relacionadas con los documentos de viaje necesarios para cada tramo y los documentos soporte de estos, a fin de tener claras las reglas del asunto y las modalidades de elección del modo de transporte adecuado según el territorio.

A las personas naturales y jurídicas que serían contratadas con estos nuevos mecanismos, les corresponde el desafío de minimizar los riesgos de ocurrencias de siniestros viales, pues su obligación es conducir a sus pasajeros sanos y salvos al lugar de destino, respondiendo por los daños causados a estos, desde que se hace cargo de ellos. Y, en el caso de los congresistas que han abanderado este tipo de iniciativas, les corresponde seguir siendo garantes de la implementación de este proceso ambicioso que se avecina y, junto con el Gobierno Nacional, dejar las directrices establecidas en materia de seguros, y de medio y modo de transporte escolar idóneo. Sin duda alguna, alcaldes y gobernadores no sólo serán los principales responsables de que esta Ley logre su cometido, sino que también serán quienes asuman el riesgo de una contratación equivocada. Por ello, no se trata de satisfacer la demanda por satisfacerla, se trata de mejorar las condiciones y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes rurales del país. De todos depende que transporte y educación sean una combinación exitosa.

Referencias:
[1] Ley 2033 de 2020
[2] Artículo 994, Código de Comercio

*Aura Patricia Benedetti González es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana y Especialista Internacional en Derecho del Transporte de la Universidad Externado de Colombia.